Serias advertencias sobre la «desfinanciación» de la ley de víctimas y posibles detrimentos patrimoniales por 36 mil millones de pesos, formuló la Contraloría General de la República.
El órgano de control calcula que hasta el año 2030, es decir, durante la vigencia de la norma, el gobierno nacional deberá invertir unos 357 billones de pesos para atender las demandas de nueve millones de colombianos incluidos en el registro oficial de afectados por el conflicto armado.
Vivienda y alimentación constituyen los frentes más críticos, cada uno, con exigencias por 48 billones de pesos, aseguró el informe del contralor, Carlos Felipe Córdoba.
En Caldas hay más de 150 mil personas debidamente censadas y reconocidas dentro de la Ley 1448. De estas, 14 mil en Manizales, ciudad Capital.
Ramón Osorio. Noticiero Popular de la Voz de los Andes.