Con el fin de implementar un programa especial de asistencia jurídica y revisión de la situación legal de las personas privadas de la libertad en todo el territorio nacional, fueron asignados 43 defensores públicos a una unidad especial creada por el defensor del pueblo, Carlos Camargo.
En esencia, la idea está encaminada a combatir el hacinamiento, fenómeno que causa graves problemas en los centros penitenciarios ya que alcanza niveles que superan hasta el 400% en algunos casos.
Según el defensor, la tarea de los nuevos delegados de la defensoría será ayudar a eliminar trámites y buscar que las solicitudes hechas sean resueltas de manera expedita.
En los establecimientos carcelarios de Manizales y Caldas, el sobrecupo oscila entre un 40% y un 120%, según se refleja en cifras que maneja la dirección del INPEC en Bogotá.
Ramon Osorio. Noticiero Popular de la Voz de los Andes.